Por desdén o negligencia 100 millones de pesos asignados en el presupuesto por el Legislativo Federal a Querétaro y su zona metropolitana no pueden aplicarse porque alguien no ha podido (o no ha querido) constituir el fideicomiso para invertir esa cantidad en proyectos que podrían beneficiar a los habitantes de la capital queretana y los municipios conurbados.

Es tan común hoy hablar de muertos por violencia que parecerá frívolo hablar de los otros muertos, cercenados por la sierra mecánica, derrumbados irresponsablemente en las últimas semanas y diseminados por las amplias avenidas, en donde se despejan los caminos para aliviar la circulación de los abundantes vehículos de motor.

Por los días que vive México es seguro que Ramón López Velarde ya no escribiría la ‘Suave Patria’ como lo hizo en el siglo pasado. Quizá los gobernantes le quitaron a la epopeya más de un gajo y le dejaron sólo los huesitos; podrá seguir siendo impecable y diamantina, pero ya el maíz dejó de ser su superficie (si así fuera no tendríamos que importarlo para hacer nuestras tortillas) y se están agotando los veneros escriturados por el diablo.

Es una empresa transnacional que es dueña de la cadena de supermercados más grande del mundo. Sus operaciones se estiman en 315 mil millones de dólares y emplean a más de un millón de personas en los cinco continentes. En México, la Suprema Corte de Justicia determinó anular un convenio mediante el cual Wal-Mart obligaba a sus empleados a gastar sus vales de despensa en las propias tiendas de la empresa. Coincidió la resolución judicial con un discurso del presidente Calderón que, en los 50 años del establecimiento de ‘Aurrerá’ en el país, llamó a los trabajadores a no perder la esperanza.

La sociedad en movimiento está en marcha. Las manifestaciones del sábado anterior deben ser el principio de lo que puede ser capaz una ciudadanía que se agrupa, que se organiza como sociedad civil y que se conforma de ciudadanos sin exclusiones sociales, económicas, étnicas, culturales, religiosas y partidistas, en torno a lograr la participación activa y responsable de los particulares en las decisiones políticas y administrativas de nuestros gobernantes, especialmente (por ahora) en aquellos asuntos que tienen como objetivo conseguir resultados en el combate a la inseguridad.